La aplicación de la justicia en México es desigual, limitada para los pobres y débiles, en especial para los niños.
Así los consideran ONGs que con solo dos casos han dejado desnudado al autoritario estado mexicano: el incendio de una guardería donde murieron 46 infantes y los niños asesinados por el Ejército Mexicano en su guerra contra el narcotráfico.
La guardería ABC
A pocos días de que se cumpliera el año del incendio donde murieron decenas de infantes en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, estado perteneciente a la república mexicana fronterizo con los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) ratificó que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los niños: el derecho de protección a la vida y el derecho a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.
A pesar de que en un principio un magistrado señalaba como responsables a 14 funcionarios por estos hechos, entre ellos, el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos quedaron exonerados y sólo se pretende castigar a 7 funcionarios menores.
También fueron exonerados los funcionarios Sergio Antonio Salazar y Carla Rochín, quienes fueron destituidos de su cargo a raíz del incendio del 5 de junio de 2009.
Un poco de historia
El saldo del incendio 46 niños incinerados, 20 lesionados, además de tres adultos, algunos de ellos aún en hospitalización en México y Estados Unidos. Las autoridades prometieron dar a familias de los niños muertos una compensación inicial 155.000 pesos, unos 11.580 dólares.
La muerte de los párvulos fue considerada como “crimen de estado” por una plataforma de ONGs pro infancia, integrada por más de 70 asociaciones.
"Creemos que sería importante que los padres de familia presentaran denuncias penales por la muerte de sus hijos", expresó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Gerardo Sauri. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C., exigió a las autoridades castigo para los culpables.
“Exigimos se brinde una atención médica y psicológica integral y se determine la reparación del daño para las víctimas mortales, sobrevivientes y sus familias, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos” exigió la ONG.
A casi un año de siniestro, acontecido el cinco de junio de 2009, provocado por una falla en el aire acondicionado de una bodega de papel aledaña al parvulario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo que subroga a particulares el manejo de guarderías públicas, no se han producido detenciones de los presuntos culpables, ni de funcionarios ni de los propietarios del establecimiento.
Los niños de la guerra
El 3 de abril, Martín y Brayan Almanza Salazar viajaban con otros 11 familiares desde su hogar en Nuevo Laredo hacia Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos, para pasar el fin de semana en la playa. Al pasar por un retén militar, el vehículo recibió varios disparos, incluyendo granadas. Varias personas fueron heridas y los niños murieron.
En su investigación la CNDH concluyó que se había alterado la evidencia para apoyar la declaración no fundamentada por parte de los investigadores militares de que los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años respectivamente, fueron asesinados por narcotraficantes.
Se protege a Militares
“Éste es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a personal militar deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial y juzgados por el sistema de justicia civil,” dijo Kerrie Howard, Directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
Casi todos los presuntos abusos por parte de militares en México son investigados y juzgados por la jurisdicción militar, dejando a las víctimas y sus familiares sin acceso a la justicia.
A pesar del incremento de acusaciones de abuso militares desde diciembre de 2006 esto explica porque pocos casos son procesados asegura Kerrie Howard.
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